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Inicio Personas y opiniones La Interoperabilidad al Servicio del Ciudadano en Castilla y León
La Interoperabilidad al Servicio del Ciudadano en Castilla y León Imprimir E-mail
27/01/2012
FUENTE: CLUB DE INNOVACIÓN

La Junta de Castilla y León viene apostando por la simplificación administrativa, la interoperabilidad y la transparencia y está desarrollando proyectos pioneros que servirán para que otras administraciones sigan sus pasos de forma más fácil y rápida. La Viceconsejera Dª Rocío Lucas tiene una amplia experiencia en diferentes áreas de su adminstración lo que le permite impulsar con su equipo los proyectos que nos presenta en esta ocasión
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Entrevista a la Viceconsejera de Función Pública y Modernización  de la Junta de Castilla y León, Dª. Rocío Lucas Navas.

Pregunta: La Junta de Castilla y León reestructuró recientemente las competencias de las áreas dedicadas a la modernización y a la administración electrónica. ¿Podría comentarnos como han quedado diseñadas estas, y que función corresponde en concreto a su Viceconsejería?


Respuesta: En efecto, la Junta de Castilla y León adscribió ambas competencias a la Consejería de Hacienda, y las hizo depender de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, junto con las competencias en materia de Función Pública.

Así la Viceconsejeria se estructura en dos direcciones generales, la Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, con competencias tanto de modernización como de administración electrónica, y la de Función Pública al considerar factor determinante la implicación de los empleados públicos en la gestión del cambio.

P: La publicación del Decreto de simplificación administrativa profundiza en el desarrollo de la Ley 11/2007, y ahora entronca de lleno con la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Qué proponía el Decreto y cómo se está desarrollando?

R: El objetivo de esta normativa aprobada por la Junta de Castilla y León es agilizar las relaciones de los ciudadanos con los órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Un objetivo que está totalmente alineado con los principios y derechos reconocidos en la Ley 11/2007, al incidir especialmente en la supresión de la documentación que los ciudadanos tienen que aportar cuando hay que justificar ciertos requisitos a la hora de acceder a ayudas, autorizaciones o cualquier otro trámite.

Para ello hemos creado un “Catálogo de simplificación documental” en el que, por una parte se relacionan todos aquellos documentos cuya obligación de aportar ha sido suprimida, y por otra, se determinan qué certificaciones pueden ser sustituidas por declaraciones responsables.

Hoy las tecnologías de la información y de las comunicaciones hacen posible el intercambio de esta información de manera automática, y nosotros, adaptándonos a este contexto, hemos desarrollado una plataforma de interoperabilidad que se ajusta al ENI. Prueba de la madurez del proyecto son los más de 2.000.000 de certificados que los ciudadanos ya no han tenido que aportar en los trámites que realizan con nuestra administración.

P: ¿Podría describirnos cómo es la aplicación qué se está desarrollando, quién la ha desarrollado y que problemática tecnológica presenta?

R: Hemos implantado una plataforma de intermediación, que permite a los organismos tramitadores verificar automáticamente y también de forma on-line los datos del ciudadano interesado en el procedimiento, con su previo consentimiento y, con plenas garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos. El sistema pone a disposición de los gestores un interfaz web accesible al que accede el empleado público autorizado. Actualmente están dados de alta en este sistema 1.600 empleados públicos.

La implantación de esta plataforma no ha presentado ninguna problemática tecnológica puesto que se ha trabajado con tecnologías ya maduras e implantadas en otros proyectos de Administración Electrónica, y sobre todo gracias a la labor de coordinación entre consejerías, que ha sido fácil gracias al interés demostrado por los responsables de las mismas.

P: Entonces, puede la Viceconsejera afirmar que tanto los ciudadanos como la propia gestión interna de la Junta se están beneficiando de este importante servicio de administración sin papeles. R: Sin duda este proyecto ha supuesto un antes y un después en nuestras relaciones, tanto internas como externas. Para los particulares supone un ahorro en tiempo y dinero, que en el caso de de las empresas se traduce además, en un aumento de la productividad y la competitividad y la correspondiente reducción de cargas administrativas.

Por otra parte, a nuestras unidades gestoras les ha permitido automatizar y racionalizar sus procesos, reduciéndose los plazos de resolución de los expedientes. Por último, no debemos olvidar la repercusión medioambiental que representa la sustitución de certificaciones en papel por trasmisiones de datos o certificados electrónicos.

P: Esta política que vienen ejecutando supone, por tanto, una evidente reducción de costes y gastos.

R: Efectivamente, los resultados son muy satisfactorios en ambos sentidos. Como le decía anteriormente más de 2.000.000 de certificados no han tenido que ser aportados por ciudadanos y empresas. Esto, según el método abreviado de valoración de las cargas administrativas aprobado por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de 9 de noviembre de 2009, ha supuesto un importante ahorro derivado de la supresión de los desplazamientos y gestiones que tendrían que haber realizado, si no se accediera a todos esos documentos por medios electrónicos.

P: ¿Cuál es la relación de certificados actualmente implantados en esta plataforma de interoperabilidad?

R: Los suministrados por otros organismos públicos son, datos de identidad, residencia, los de desempleo, incluido su importe, el certificado del estar al corriente de pago y el impuesto de actividades económicas de la Agencia Tributaria, el de estar al corriente de pago y certificado de alta de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, los títulos universitarios y no universitarios, así como las certificaciones sobre titularidad y descripción gráfica de inmuebles de la Dirección General de Catastro.

Y los suministrados por la propia Administración de la Comunidad de Castilla y León son, la verificación del título de Familia Numerosa y la consulta de datos de discapacidad.

P: Cuéntenos el caso concreto de la eliminación de los certificados para Familia Numerosa y para discapacidad que ya están en pleno funcionamiento en Castilla y León.

R: Si bien el proyecto de supresión de certificados en soporte papel se inició con el acceso a la información emitida por organismos del Estado, creímos conveniente, aprovechar esta tecnología para fomentar el intercambio de datos entre nuestras propias unidades administrativas.

Hemos empezado por el Título de Familia Numerosa y por el certificado de discapacidad, siendo en ambos casos pioneros en desarrollarlos respecto a otras Comunidades Autónomas, por ser dos documentos que se demandan en muchos de nuestros procedimientos. De hecho, desde el segundo trimestre de 2010 que se implantaron se han registrado casi 34.000 consultas. Actualmente estamos trabajando en la incorporación de otros certificados, porque creemos que uno de los pilares más importantes para la implantación de la administración electrónica, es precisamente permitir la verificación de forma automática y on-line de los datos necesarios para la instrucción de los expedientes.

P: Para que todo funcione correctamente disponen de la Oficina de interoperabilidad ¿qué funciones tiene?

R: En la normativa que desarrolla el Decreto de simplificación establecimos las condiciones de utilización y el circuito de autorizaciones para que los usuarios pudieran utilizar los servicios de interoperabilidad. Pero además del marco normativo teníamos que dotarnos de un instrumento que garantice que el acceso cumple las directrices definidas en el ENI respecto a protección de datos, y que las mismas se realizan en condiciones de seguridad.

Con este fin pusimos en marcha la Oficina de Interoperabilidad que gestiona todo el circuito de autorizaciones, permitiendo por una parte la identificación de los empleados públicos que acceden a los datos personales y, por otra, dejando constancia del expediente que motivó el acceso.

La Oficina empezó a funcionar en el año 2010, y si bien hasta la fecha ha autorizado la consulta para 253 procedimientos, paulatinamente se incorporan nuevas peticiones una vez que las unidades gestoras adecuan normativamente sus procesos a los requisitos establecidos en el ENI.

P: Todo esto requiere que exista una importante comunicación entre las diferentes administraciones especialmente del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de todos los entes que gestionan la información.

Es cierto que desde el primer momento hemos sido conscientes de la importancia que representa la colaboración para ahorrar costes. Tras muchos intentos, ya en el año 2008 firmamos un Convenio con el entonces Ministerio de Administraciones Públicas para la prestación mutua de servicios de administración electrónica, que fue el germen de este proyecto. En la actualidad participamos activamente en el Comité Sectorial de Administración electrónica que es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.

Entre todos trabajamos en el desarrollo de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, esforzándonos en la armonización tecnológica de los sistemas para facilitar el intercambio de información entre las distintas instancias administrativas.

P: ¿Podemos decir entonces que Castilla y León está a la cabeza del desarrollo de la interoperabilidad en España?

R: Sin duda alguna nos consideramos un referente, tanto en la parte normativa con la aprobación del Decreto de simplificación documental, como garantizando un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa tal como nos demanda el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Incluso en este proyecto hemos querido ir un poco más allá, ofreciendo un ejemplo de transparencia administrativa, pues permitimos que cualquier ciudadano a través de nuestra sede electrónica pueda consultar en qué procedimiento se está accediendo a sus datos personales vía electrónica.

P: Como institución activa en la aplicación de los Esquemas Nacionales, ¿contaremos con la participación de la Junta de Castilla y León en el próximo Congreso CNIS en Madrid?

R: Nuestra intención es estar presente en las jornadas. Siempre hemos fomentado la participación en actos y jornadas de difusión que permitan por un lado, difundir las iniciativas de la Junta de Castilla y León en el ámbito de la administración electrónica y, por otro, fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos relativos a su puesta en funcionamiento. 

Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo a la innovación de la administración de Castilla y León y de España.

Currículum:
En la actualidad, viceconsejera de Función Pública y Modernización.
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.
- Funcionaria de carrera, perteneciente al Cuerpo Superior, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 10 de abril 1997.
- Secretaria Técnica de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Soria, desde el 20 de agosto de 1997.
- Jefa del Servicio de Profesorado de Educación Pública de Secundaria, Formación Profesional Adultos y Régimen Especial en la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, desde 8 de marzo de 2000.
- Directora General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 144/2003, de 17 de julio, de la Junta de Castilla y León
- Viceconsejera de Función Pública y Modernización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 90/2011, de 30 de junio, de la Junta de Castilla y León.
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