FUENTE: ESMARTCITY
La transformación de la Economía hacia su digitalización, tanto en el sector público como privado, es uno de los retos a los que se enfrenta España. En los últimos meses distintos estudios elaborados por entidades privadas han evaluado el estado de las empresas en este proceso de cambio. En general, estos informes se han mostrado optimistas con la evolución digital de las compañías, pero han considerado que en esto de la digitalización, el sector público tiene mucho por hacer aún.
Por su parte, los mensajes lanzados desde distintos estamentos de la Administración Pública muestran lo contrario. Hablan de iniciativas para extender la digitalización de los procesos y procedimientos en todos los ámbitos vinculados a lo público, desde la transparencia, hasta la participación, la administración electrónica o los servicios en la nube.
Precisamente sobre la situación de la digitalización de la Administración han debatido responsables de muy distintos estamentos de Gobierno. Además pudieron conocer las opiniones de representantes del sector privado y otros actores vinculados al cambio tecnológico, mediante un debate paralelo a través de Twitter. El espacio elegido fue el Fujitsu World Tour, un evento organizado dentro del Digital Enterprise Show, la feria dedicada a las soluciones tecnológicas de todo tipo de empresas, dirigidas a la transformación digital, que se celebró del 23 al 27 de mayo en Ifema, Madrid.
Entre su panel de actividades, Fujitsu convocó a cinco directivos de la Administración para debatir en la sesión ‘La Transformación Digital en el Sector Público español’ que estuvo moderada por la directora de Sector Público de la compañía, Patricia Urbez.
Digitalización y sostenibilidad del sistema público
Uno de los principales aspectos tratados en el coloquio partió de la pregunta inicial sobre si la transformación digital ayuda realmente a la sostenibilidad del sistema público español o por el contrario, al incremento del gasto que supone el proceso hay que sumarle la incertidumbre de los resultados, es decir, del retorno de lo invertido.
El acuerdo en este sentido entre las Administraciones Públicas fue unánime aunque con matizaciones. Si bien todos coincidían en la necesidad de llevar a buen fin el proceso, cada uno tenía su visión sobre esta cuestión. Desde el punto de vista de Carlos Simón Ferrer, director general de Infraestructuras y Sistemas de la Justicia e Interior de Andalucía, la Administración no está para dar el impulso tecnológico, sino que está para dar buenos servicios públicos, en relación al rol innovador o de soporte del sector público para hacer de tractor del proceso de digitalización de la Economía en España que se le asigna al Estado.
Por su parte, el director General de Investigación, Innovación e Infraestructuras de Salud de Castilla y León, Rafael Sánchez, hablaba de su área en concreto, recordando que la digitalización va a hacer sostenible el sistema público en la medida en que va a mejorar la atención al paciente, pero la sostenibilidad del sistema de salud, es otra cosa, ya que las mayores inversiones no se hacen en digitalización, sino en recursos humanos, farmacia, etc..
Gobierno abierto, ¿hasta qué nivel?
La mesa redonda abordó otro de los aspectos clave del sector público en su proceso de digitalización y es la transparencia. Y con ella, la capacidad real de los diferentes estamentos de Gobierno a la hora de facilitar toda clase de datos a la ciudadanía, datos de calidad y que puedan ser entendibles, útiles y reutilizables. ¿Pero en qué punto se encuentra la capacidad de los gobiernos para hacerlo?
En este punto todos los estamentos gubernamentales, según su área, consideraron que la Administración no tiene suficiente madurez digital como para poner todos los datos a disposición de la ciudadanía, sobre todo en función del sector. En este sentido, el responsable de Infraestructuras y Sistemas de Justicia en Andalucía reconoció las dificultades que entraña.
Ahora mismo en Justicia no estamos para facilitar al ciudadano la información por falta de tecnología, lo que puede generar confusión, además de que la información de Justicia es más compleja que otras. Pero estamos trabajando para que, poco a poco, vaya saliendo esa información. Probablemente antes del verano ya se podrán visualizar grabaciones de determinados procedimientos, siempre teniendo muy presente la seguridad.
Por su parte, el representante del área de Salud, Rafael Sánchez Herrero, consideró que en Sanidad no estamos maduros, existe mucha heterogeneidad de datos que muchas veces no son comparables y pueden dar lugar a evaluaciones erróneas ya que en sanidad uno más uno no son dos.
Más allá de la capacidad de trabajar los datos para que éstos sean de calidad y evaluables, Sánchez Herrero expresó sus dudas en torno a la seguridad. Estas dudas también las comparte la Agencia de Protección de datos porque estamos hablando de datos muy sensibles, puntualizó. Sin embargo se mostró radicalmente a favor de que todos los pacientes tengan la posibilidad de acceder a sus datos clínicos porque es su información y han de poder tomar decisiones estando informados, añadió.
Los participantes en el coloquio mostraron la necesidad de conseguir ofrecer información útil como servicio público. Así lo apuntó Elena Liria Fernández, directora de Innovación y Transformación Digital de Servicios en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Expresó la necesidad de disponer de un gobierno abierto y de participación ciudadana para poder definir los servicios necesarios y explicó que en Madrid el reto es ser capaces de establecer las arquitecturas que permitan tener datos de calidad.
Por su parte, otro de los contertulios, Vicente Aguiló Lucia, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana, dejó clara la importancia de ejercer como gobierno abierto. Las Administraciones somos entes al servicio del ciudadano o si no, somos cajas oscuras. Somos gestores de dineros públicos, por lo que bienvenido sea todo lo que aporte transparencia.
Ciberseguridad en las organizaciones públicas
Actualmente el 44% de los procedimientos administrativos ya han sido digitalizados y en cinco años, lo estará el 80%. Por tanto ocupa un lugar importante entre las preocupaciones de los Gobiernos cómo asegurar la solvencia de las instituciones en materia de cibe
rseguridad. El debate se situó en si la Administración debía seguir avanzando hacia la digitalización anticipando las posibles brechas de seguridad a través del conocimiento y los recursos de las organizaciones o por el contrario, no está preparada para afrontar el reto que supone la seguridad en la red.
En este aspecto, Manuel Alonso Redondo, subdirector general adjunto de la Dirección General de Explotación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), fue claro en su consideración: estamos tan preparados como cualquier empresa de cualquier sector. La Administración ha tomado conciencia y está estableciendo regulaciones para garantizarlo. En su opinión, la seguridad de la Administración va a estar garantizada porque se está dotando de medios para que así sea. Tenemos ataques diarios y si tenemos una buena estructura, podemos parar el ataque.
Sin embargo, recordó que tanto para garantizar la seguridad, como para establecer una digitalización pública avanzada hay que tener voluntad política porque todo este tipo de procesos que son a medio y largo plazo requieren estabilidad en la arquitectura del diseño y no podemos manejar proyectos de esta envergadura con mentalidad cortoplacista.