Bruselas frena el plan de obras municipales de Zapatero

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Bruselas ha determinado que las infraestructuras del nuevo fondo local sostenible no podrán alcanzar los 5 millones de euros, como permite el Ejecutivo. Las grandes ciudades, perjudicadas
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La Comisión Europea acaba de poner patas arriba el flamante Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, popularmente conocido como Plan E. Este programa de infraestructuras municipales destinará 5.000 millones en 2010 a proyectos de tecnología, medio ambiente, energía y protección social, entre otros. Tal como estipuló el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, el importe máximo por cada una de estas actuaciones debía ser de 5 millones de euros, cifra a la que se aferran en tromba los grandes ayuntamientos, que en muchos casos intentan trocear otras obras en grandes porciones equivalentes a este importe.

Pero una modificación de la normativa comunitaria retrasará esos proyectos y pondrá en tela de juicio la gestión del propio Plan E. Bruselas rebaja de 5,15 millones de euros (sin IVA) a 4,85 millones el importe máximo a partir del cual las obras están sujetas a la regulación armonizada de la Unión Europea. El cambio entrará en vigor el 1 de enero, así que afectará a todo el fondo local sostenible. Fuentes del Gobierno señalaron a EXPANSIÓN que entre los días 7 y 15 de enero comenzarán las adjudicaciones.

Bajar este pequeño peldaño en los importes de las licitaciones supone, de facto, invalidar la estrategia de subvención y seguridad gubernamental para los principales proyectos, y dificultar su puesta en marcha. Así se lo hizo saber, en una carta, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio (dependiente del Ministerio de Economía) a Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial.

Por un lado, si es demasiado tarde y los proyectos no pueden rehacer su presupuesto, la Comisión Europea entraría a controlar estos contratos, los más importantes del Plan E. Esto significaría una vigilancia estrecha de los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato. Conceptos que podrían provocar la anulación de algunos de esos contratos, incluso. No en vano, colisionan con el espíritu de algunas de las obras del nuevo plan, que da ventajas a los pueblos pequeños e incluso permite adjudicar a dedo.

Tira y afloja

Por otro lado, la opción más plausible para administraciones locales y contratistas es modificar los proyectos a la baja para escapar de la lupa de Bruselas. Si se revierte el precio de adjudicación de las infraestructuras hasta dejarlo en niveles no armonizados, “las obras se retrasarán seguro, por la negociación entre ayuntamiento y empresa para ver quién rebaja sus pretensiones”, como anticipa Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista.

“Los contratistas querrán reducir el proyecto y los alcaldes, reducir el importe a secas, sin tocar el proyecto”, augura Rivas. Además, muchos ediles pueden caer en la tentación de diferir las obras en dos contratos, extremo no permitido por el Real Decreto que articula el fondo local.

Dicho texto y la propia Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establecen que “las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de esta ley”.

Además, los contratos de servicios también contarán con un nuevo tope no “armonizado”. De los 211.000 euros que estipula la LCSP y los 206.000 euros que marcaba la Comisión se pasa a un umbral de 193.000 euros, con exclusión, igualmente, del IVA.

Una modificación que mira a España

-¿Qué obras se podían incluir, hasta ahora, en el nuevo fondo local sostenible?
Proyectos sostenibles con un cometido tecnológico, medioambiental, energético o de protección social, y un valor estimado inferior o igual a 5 millones de euros.

-¿Qué ha cambiado la Comisión?

Un reglamento de la Comisión modifica dos directivas en lo concerniente a los umbrales de adjudicación de contratos, para ampliar su control sobre los planes anticrisis de los estados miembros. Hasta ahora, se quedaban fuera de las normas armonizadas europeas –o sea, del control de Bruselas– los contratos de hasta 5,15 millones de euros. Desde el 1 de enero el importe ascenderá a 4,845 millones de euros. También se han disminuido los servicios que quedan fuera de la armonización de Bruselas.

-¿Qué significa para España esta modificación?
El cambio mira a España de lleno. Los proyectos más ambiciosos e intensivos en mano de obra del Fondo Sostenible Municipal tendrán que modificarse a la baja y retrasar su puesta en marcha, o quedarán bajo la lupa de la Comisión, que vela por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.

¿Qué va a pasar?
A partir del 1 de enero, los contratistas deberán pugnar con los alcaldes para ver quién es el que cede en el precio o las condiciones. Si no, se arriesgan a la anulación de algunos contratos.

FUENTE: Expansión

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