FUENTE: PIP BLOG
“Solicitar un certificado” es el trámite más demandado por las ciudadanas y los ciudadanos cuando acuden a una oficina de la Administración, con una frecuencia superior al 30% de las visitas, según el Estudio “La Administración pública a juicio de los ciudadanos: satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-Administración” (AEVAL, 2011).
Paradójicamente, es un derecho de los ciudadanos “no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información” (Artículo 6, Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos).
Para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía, el Gobierno Vasco ha suscrito, durante los últimos años,convenios de interoperabilidad con la Administración General del Estado, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos vascos.
En virtud de estos convenios se han puesto en marcha buen número de servicios de interoperabilidad que permiten acceder directamente a los datos de otras administraciones, evitando así la necesidad de pedir a las personas interesadas que aporten el certificado correspondiente.
Por supuesto, todas las transmisiones electrónicas de datos se llevan a cabo asegurando las condiciones de autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de la información intercambiada.
De esta forma, desde la puesta en marcha de los primeros servicios de interoperabilidad se han realizado ya alrededor de 4 millones de accesos por parte de las unidades tramitadoras del Gobierno Vasco, que han evitado la emisión de otros tantos certificados de datos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para las personas interesadas.
Entre los servicios de interoperabilidad más demandados, destaca el de identidad (ofrecido por la Dirección General de Policía) con más de dos millones de accesos, que han evitado otras tantas fotocopias del DNI.
Así mismo, más de 200 procedimientos de ayudas del Gobierno Vasco utilizan ya los servicios de estar al corriente de las obligaciones tributarias (Diputaciones Forales y AEAT) y de las cotizaciones de la seguridad social (TGSS), evitando la aportación de los certificados correspondientes por parte de las personas solicitantes de las mismas.
Entre los principales consumidores de estos servicios figuran la Renta de Garantía de Ingresos (Lanbide), el Registro de Solicitantes de Viviendas Públicas (Etxebide) y la Dirección que gestiona las ayudas a las familias por hijas e hijos y por conciliación de la vida laboral y familiar.
Este segundo convenio de colaboración para el intercambio de información por medios electrónicos que hoy suscriben el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa incorpora las siguientes novedades principales:
- Incluye también los intercambios de datos entre las propias Diputaciones Forales.
- Deja abiertos los intercambios de datos a realizar entre las administraciones firmantes, de forma que no hará falta suscribir un nuevo convenio para incorporar nuevos intercambios de datos.
- Contempla la posibilidad de que las Diputaciones Forales hagan uso de los servicios de interoperabilidad ofrecidos por la Administración General del Estado, en virtud del convenio suscrito entre ésta y la Administración de la CAE.
El principal servicio de interoperabilidad que se pondrá en marcha tras la firma de este convenio es el certificado de renta, demandado para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, las becas de Educación y las ayudas de Vivienda, entre otros.
Este nuevo convenio de interoperabilidad supone pues un avance importante para hacer efectivo los derechos de acceso electrónico de las ciudadanas y de los ciudadanos a los servicios públicos y posibilita seguir reduciendo las cargas administrativas que soportan actualmente la ciudadanía, las empresas y el resto de agentes que interactúan con la Administración pública.
De hecho, el pleno desarrollo de los servicios de interoperabilidad para eliminar los certificados en papel de datos que ya obran en poder de la Administración pública es sin duda el principal factor de reducción de las cargas administrativas.
La firma de este convenio nos acerca un paso más hacia el objetivo de disponer de un sistema general de interoperabilidad que permita la exposición de los datos por parte de todas las administraciones cedentes y el consumo de los mismos por parte de todas aquellas que los precisen para el ejercicio de sus funciones.