María Esther Arizmendi Directora General del SEAP – MINHAP.

Entrevista a María Esther Arizmendi, Directora General del SEAP – MINHAP

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P: La Dirección General de Modernización administrativa, procedimientos e impulso de la administración electrónica inicia una nueva etapa agrupando competencias. ¿Qué ventajas tendrá esta nueva situación y que estructura se ha definido dentro de la misma?

R: La nueva organización aúna las competencias de las antiguas Direcciones Generales de Organización y Procedimientos, y de Impulso de la Administración Electrónica, todo ello con el objetivo final de realizar una efectiva modernización. Esta unión permitirá obtener mayores sinergias entre los aspectos de simplificación administrativa y el uso de las tecnologías de la información, que redundarán en una Administración más eficiente y sostenible, y, sobre todo, conseguirán que las relaciones de los ciudadanos y empresas con la Administración sean menos burocráticas.

P: En estos últimos meses se está dando un gran avance en la puesta en marcha de servicios muy relacionados con la necesidad de aplicación de los Esquemas Nacionales ENI y ENS. ¿Ha sido compleja la labor para llegar a este punto? ¿Qué pasos quedan por dar en el próximo futuro?

R: La labor es compleja, para avanzar es necesario contar con la colaboración de todas las Administraciones Públicas. En este momento hay que subrayar que hay un convencimiento común de todas ellas en cuanto a la necesidad de aplicar el ENI y el ENS que da como resultado un gran avance en la puesta en marcha de servicios.

Los próximos pasos en el ENI se encaminan, a completar la serie de normas técnicas de interoperabilidad, y a extender el alcance y el uso de las infraestructuras y servicios comunes existentes, particularmente de los servicios de intermediación y de los interconexión de registros, también a incorporar otros adicionales que faciliten el ciclo de gestión de expedientes electrónicos.

En relación con el ENS los pasos a dar están dirigidos a proporcionar un nuevo impulso en los dos próximos años. Se trata de completar los instrumentos que faciliten su aplicación, desplegar los mecanismos que permita dar a conocer el estado de seguridad de las Administraciones Públicas, extender los servicios de alerta temprana y de respuesta ante incidentes de seguridad, así como impulsar la formación.

P: Si hablamos de Seguridad ¿cuál es la situación de la Administración General del Estado en el cumplimiento de las exigencias del ENS?

R: La Administración General del Estado está haciendo un esfuerzo notable para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. El grado de avance está cercano al 50% de implantación en la parte de medidas de protección del marco organizativo y algo menor en el marco operacional. Esto se debe a que nos encontramos en la mitad del plazo de adecuación previsto. El avance está siendo rápido porque no partíamos de cero. Hay que recordar que nuestra Administración contaba con una tradición en el análisis de riesgos de los sistemas de información, y con una metodología sólida para ello, MAGERIT, que está traducida a varios idiomas y reconocida como buena práctica en el ámbito internacional.

P: Y por parte de las administraciones territoriales ¿queda mucho por hacer en la aplicación real del ENS? ¿Tiene alguna previsión sobre los calendarios de cumplimiento?

R: Se avanza de manera desigual y ciertamente queda un importante camino por recorrer. Un aspecto clave va a ser la articulación de mecanismos para el conocimiento del avance de la implantación del ENS y del estado de situación de la seguridad en las AA.PP. Desde la Administración General del Estado procuramos dar a las restantes Administraciones apoyo para la implementación del ENS basada en una amplia gama de servicios.

P: ¿Qué respuesta está dando el Ministerio a estas administraciones? ¿Qué servicios provee ya o espera proveer en el futuro?

R: El Ministerio en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN) está abordando una serie de actuaciones de muy diversa naturaleza que incluyen el desarrollo de instrumentos para facilitar la aplicación del ENS en sus aspectos, tales como la serie de guías de seguridad, denominadas CCN-STIC y herramientas complementarias para el análisis de riesgos; el despliegue de sondas y de servicios de alerta temprana en la Red SARA y en las salidas a Internet de las AA.PP.; la formación presencial en colaboración con el INAP así como la formación en línea de personal especialista en seguridad; la resolución de dudas y construcción de una base de conocimiento común; la provisión de espacios de colaboración para el intercambio de información entre el personal implicado en su aplicación; la difusión y concienciación, que incluyen también la colaboración del Ministerio y del CCN con la Industria a través de las acciones de AMETIC encaminadas a promover el ENS.

A esto hay que sumar los servicios de respuesta ante incidentes de seguridad proporcionados por CCN-CERT. Entre los próximos pasos cabe destacar el despliegue de los mecanismos para conocer el estado de situación de la seguridad de las Administraciones Públicas.

P: En el marco de la Interoperabilidad, materia más compleja de identificar y hacer seguimiento ¿cómo está la Administración General? ¿Qué queda por hacer?

R: Como decíamos antes, queremos completar la serie de normas técnicas de interoperabilidad. Tras la publicación en julio de 2011 de las siete primeras, ya se encuentran en un estado de tramitación avanzado las cuatro normas relativas a Catálogo de estándares, Protocolos de intermediación, Relación de Modelos de datos y Política de gestión de documentos electrónicos a las que seguirá más adelante la norma de Reutilización de recursos de información.

Los trabajos se encaminan a extender el alcance y el uso de las infraestructuras y servicios comunes existentes, particularmente los servicios de intermediación y la interconexión de registros, así como a incorporar otros adicionales que faciliten el ciclo de gestión de expedientes electrónicos.

En este terreno, el elevado nivel de uso de las infraestructuras y servicios comunes es una evidencia del avance. Nos referimos a infraestructuras y servicios comunes tales como el DNI electrónico, la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas (Red SARA); los servicios de validación de certificados electrónicos necesarios para la identificación, autenticación y firma electrónica (Plataforma @Firma); los servicios de in
termediación que permiten la eliminación múltiples certificados en soporte papel, de las fotocopias del DNI y otras, las notificaciones electrónicas, la interconexión de registros, etc. Todos ellos son servicios reales y sólidamente asentados, y así lo demuestran los indicadores de uso que publicamos trimestralmente desde el Observatorio de Administración Electrónica.

También estamos trabajando en acciones para facilitar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Interoperabilidad articulando herramientas de validación. Con ese fin, hemos publicado herramientas de validación de los estándares del documento electrónico y del expediente electrónico.

P: También en servicios de Interoperabilidad. ¿Qué respuesta está dando el Ministerio a estas administraciones? ¿Qué otros servicios provee ya o espera proveer en el futuro? ¿Se están coordinando mejor las diferentes administraciones en esta materia?

R: En relación con la coordinación, cabe afirmar que la cooperación entre las AA.PP. es muy intensa. Las infraestructuras y servicios comunes proporcionados por la Administración General del Estado están abiertos al uso para las restantes Administraciones. Esta es nuestra filosofía. En estos momentos, tenemos convenios firmados con todas las Comunidades Autónomas para el uso de aquellas infraestructuras y servicios que son complementarios a los que tienen desplegados. A los convenios, hay que sumar la colaboración en el marco del Comité Sectorial de Administración Electrónica, cuyos frutos más evidentes son los propios esquemas y las normas técnicas de interoperabilidad.

P: Se ha avanzado mucho en la oferta de servicios por parte de las diferentes administraciones, lo que hace más necesaria la existencia de los Esquemas Nacionales y su correcta aplicación. ¿Qué peso le dan a esta seguridad e interoperabilidad en el sostenimiento general de la e-administración?

R: En ambos casos el peso es muy alto.

La seguridad se enmarca en el derecho de los ciudadanos a comunicarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Si los ciudadanos no tienen confianza en los servicios que les prestamos no van a hacer uso de los mismos y todo nuestro esfuerzo por modernizar la Administración habrá sido en vano. El ENS permite asentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones ni modificaciones fuera de control y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas.

La interoperabilidad contribuye a crear condiciones que facilitan la interacción entre los sistemas de información de las AA.PP. que permiten por tanto la fluidez en la necesaria cooperación entre todas ellas, desde el ámbito local a la Unión Europea, lo que resulta esencial para proporcionar los servicios a los ciudadanos y garantizar sus derechos. Sin la interoperabilidad entre las Administraciones, la construcción de servicios complejos orientados a las necesidades ciudadanas con intervención de diversas administraciones sería imposible. Necesitamos ese lenguaje común para construir una Administración sin fronteras. Y, por supuesto, la interoperabilidad facilita también la interacción con los ciudadanos, permitiéndoles elegir la tecnología más confortable dentro de los estándares internacionalmente reconocidos.

P: Ahora que hay infinidad de servicios electrónicos es necesario fomentar su uso de forma segura y ahorrando gastos y tiempo a administraciones y a ciudadanos. ¿Sera una clave el conseguir un uso masivo que permita adelantar esos ahorros en lo posible?

R: Una vez construidos los cimientos de la administración electrónica, el siguiente paso es conseguir el uso efectivo y masivo de los servicios.

El uso masivo de los servicios de administración electrónica constituye una oportunidad de transformación y modernización de las administraciones públicas que traerá consigo, y ya lo está haciendo, beneficios en términos de ahorros económicos globales muy importantes, mejoras en el impacto medioambiental y reducción de cargas administrativas, todo ello favorece la modernización de nuestras empresas y el aumento de su competitividad y productividad.

De hecho, el esfuerzo realizado en el proceso de adaptación a la Ley 11/2007 permitirá a los ciudadanos, empresas y administraciones, conseguir un significativo ahorro económico. Por ejemplo, los ahorros de uso de la Administración Electrónica para empresas y ciudadanos derivados de la reducción de cargas administrativas referido solo a los 20 servicios de más uso e impacto de la AGE, se estiman en más de 3.100 millones de euros anuales para el supuesto de que todas las transacciones se realizaran por medios electrónicos.

Quiero además resaltar que buena parte del camino para obtener esos ahorros ya está andado. Si bien el porcentaje de uso directo por ciudadanos y empresas, especialmente por los primeros, todavía es mejorable de acuerdo a las últimas cifras del INE, el volumen de transacciones realizadas por medios electrónicos con la Administración General del Estado va creciendo y en este momento es ya superior al 50% en servicios orientados a ciudadanos y 90% en servicios orientados a empresas.

P: Cada vez vemos que las TICS son un medio (no un fin) que nos permite mejorar de forma continua y aplicar nuevas soluciones más eficientes y sostenibles. ¿Cómo se ve desde su Dirección General la situación de escasez de recursos para invertir en estas tecnologías tan necesarias en el ámbito de las administraciones públicas?

R: Todos tenemos que asumir la actual situación económica, y ello nos lleva a tener que ajustar nuestro volumen de inversiones a los recursos disponibles. Para poder seguir mejorando en el camino de la eficiencia y sostenibilidad, no nos queda más remedio que compartir más infraestructuras entre las Administraciones Públicas, de tal modo que con menores inversiones podamos continuar avanzando. La profundización en la racionalización de los recursos que dedicamos a las TIC es uno de los principales objetivos de nuestro Plan Estratégico que está a punto de publicarse.

P: Estando unificados en un mismo ministerio la hacienda y las administraciones. ¿Se podría fomentar de forma coordinada y efectiva el uso de los servicios electrónicos a la vez que los de la factura electrónica, la licitación electrónica y por supuesto, el DNI electrónico?

R: Sin lugar a duda, entre los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas está potenciar la coordinación de las distintas Administraciones Públicas y el uso común de los servicios electrónicos ya sean dirigidos a los ciudadanos como a las empresas. Estamos trabajando de forma coordinada con grupos específicos para impulsar las actuaciones necesarias en las distintas materias.

En este momento estamos desarrollando una muy i
ntensa colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) para realizar de forma conjunta el programa de la Agenda Digital española para la legislatura.

P: En este momento ¿cómo definiría la situación de España en materia de Seguridad e Interoperabilidad en comparación con el resto de países de la Unión Europea?

R: Nuestro país es un caso de alineamiento temprano con las prioridades acordadas con el resto de Estados miembros y Comisión Europea en el marco de la Unión. Hay que recordar, por ejemplo, que la definición de Esquemas Nacionales de Interoperabilidad alineados con el Marco Europeo de Interoperabilidad es uno de los objetivos de la Agenda Digital para Europa y el Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica. Nosotros ya lo hemos cumplido con creces.

P: ¿Y cuáles son los próximos pasos a dar en su ámbito de responsabilidad que no hayamos mencionado pero que sean de interés para nuestros lectores?

R: Como ya he mencionado, está próximo a publicarse el Plan Estratégico de la Dirección General para el periodo 2012-2015. En él se definen 3 áreas de actuación.

Por una parte la que se refiere a la racionalización de la Administración General del Estado, por otro la dirigida a los ciudadanos, ya sean personas físicas emprendedoras o empresarios bajo el lema simplific@, con la intención de facilitar su relación con la administración, disminuyendo cargas administrativas y revisando procedimientos, cambiando el paradigma de forma que la administración sea pasarela para el desarrollo de sus iniciativas, haciendo que los controles desaparezcan como elementos oclusivos, y situando a la administración detrás de las iniciativas, como motor no como ancla.

Además, aprovechando la competencia del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, queremos con el tercer área denominada comp@rte hacer realidad el que todos los adelantos que la Administración General del Estado consiguió con el desarrollo de la Ley 11/2007, se pongan a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales de forma solidaria. Es un plan de compromiso con indicadores y resultados, vamos a medir y rendir cuentas, creemos que es necesario de cara a la transparencia y a la eficiencia en el sector público.

Muchas gracias por su tiempo y nuestros mejores deseos en su compleja labor de dirigir la nave de la e-administración para servir a nuestros ciudadanos y mejorar nuestras administraciones.


Currículum:

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a los Cuerpos Superior de Administradores Civiles del Estado, Superior de Administración Local y de Técnicos de Administración General. Consultora de formación por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas en el que en 2007 fue nombrada Subdirectora General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones de la Dirección General de la Función Pública. Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial. Vocal Asesora en el Gabinete de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cruz al mérito policial con distintivo blanco y actualmente Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

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