La transparencia, eje del sector público en España con la obligatoriedad de la contratación electrónica

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  • La ley 9/2017 apuesta por una contratación pública sostenible y estratégica, con vocación social y ambiental.
  • El precio no será elemento decisivo en las adjudicaciones, sino que se valorará la relación calidad-precio.
  • Las mesas de entidades locales y los tribunales administrativos de recursos contractuales, principales lagunas de la ley, según los expertos.
  • Solo el 5% de las administraciones públicas licitan electrónicamente.

Madrid, 14 de febrero de 2018.– La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 implica un nuevo marco legal que supone todo un reto para las administraciones públicas españolas. Así lo constatan los expertos que hoy se han dado cita en el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE18), que destacan que todos los procedimientos –incluidos los contratos menores– habrán de ser electrónicos pero que existe una falta de coordinación provocada por la ordenación territorial y el gran número de administraciones públicas que coexisten en España.

La transparencia es el eje de esta nueva ley, que incluso lo resalta en su exposición de motivos. Como explica José Antonio Moreno Molina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla–La Mancha y director del Observatorio de Contratación Pública, «la transparencia va a convertirse en España en la referencia de todo el sector público. Esto puede llegar a convertir en algo titánico la labor de los gestores, que tendrán que cumplimentar distintos formularios para diversos órganos de control y supervisión de la contratación y falta coordinación».

Para Moreno Molina, la legislación española no solo desarrolla el derecho europeo, sino que va más allá de las directivas comunitarias sobre contratación pública, porque «ahonda en la apuesta por una contratación pública sostenible y estratégica, con vocación social y ambiental. También apuesta por una compra pública en la que el precio no es el elemento decisivo, sino que se valora la relación calidad-precio», explica el catedrático.

Jaime Pintos Santiago, abogado consultor experto en contratación pública, explica que en esta Ley 9/2017 «la transparencia está desde el perfil del contratante hasta las consultas preliminares, el principio de integridad, los conflictos de intereses, la licitación electrónica, el responsable del contrato, el riesgo operacional o el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que se ha eliminado».

Sin embargo, los expertos también apuntan a las «fallas» en este marco legal que entra en vigor en próximo mes. Así, Pintos señala como puntos débiles «las mesas de entidades locales (con su posibilidad de establecer que un tercio de miembros sean cargos electos, lo que supone un límite fácilmente evitable) y los tribunales administrativos de recursos contractuales (que abre la posibilidad de la creación de tribunales en entidades locales y diputaciones)».

«La ley incorpora muchos cambios, pero el que ha llegado para quedarse es la contratación electrónica», asegura Jaime Pintos, que también prevé un incremento de la litigiosidad si las administraciones no llegan al 9 de marzo con garantías, ya que la nueva ley determina la nulidad de pleno derecho de los procedimientos de contratación que no se publiquen de manera electrónica.

José Luis Arístegui, director general de VORTAL Connecting Business, alerta sobre la falta de coordinación respecto a la contratación pública en España, donde solo un 5% de las administraciones están licitando electrónicamente. Para Arístegui, «el reto no es tecnológico, sino psicológico, de gestión del cambio».

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