Emilio GarcíaFuncionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Más recursos tecnológicos para la Administración

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PUBLICADO EN: CINCODIAS

Desde Astic, la asociación de profesionales públicos de tecnologías de la información de la Administración del Estado, creemos necesario extender el ámbito de debate más allá de los especializados. Para ello, los ciudadanos han de conocer los logros obtenidos con la aplicación de las TIC, cómo se han conseguido y los riesgos de retroceder en lo avanzado. Recurriendo a fuentes oficiales, quizás no suficientemente divulgadas, ofrecemos una breve panorámica. Comenzamos por lo conseguido. El principal logro de nuestras Administraciones en el ámbito tecnológico ha sido la progresiva digitalización de sus trámites y procedimientos.

Aunque de modo desigual en cada una de ellas, hoy el panorama es muy distinto del existente en 2007, cuando el último gran ministro modernizador de nuestras Administraciones, Jordi Sevilla, impulsara la Ley 11/2007, nuestra Ley de Administración Electrónica. La Administración del Estado ha alcanzado prácticamente el 100% de digitalización de sus trámites, en las comunidades autónomas se estima una digitalización del 80% y en los grandes ayuntamientos, del 69%. Frente a voces que clamen “hemos digitalizado por encima de nuestras posibilidades”, solo cabe poner sobre la mesa datos, evidencias de que una buena parte de las posibilidades que hoy tenemos como país de remontar la crisis son gracias a este esfuerzo modernizador. En una reciente nota de prensa, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas afirmaba que el ahorro por el uso de la Administración electrónica en 2012 (solo con la Administración del Estado) estuvo en torno a los 28.500 millones de euros. Bastaría solo esta cifra para dar por bueno el esfuerzo realizado y demandar a nuestras autoridades que redoblen los recursos públicos en TIC hasta lograr alcanzar el 100% de digitalización de trámites en todas las Administraciones e incentivar un mayor uso de los mismos.

Pero no son importantes solo los logros obtenidos, también cómo se han conseguido. Es una obviedad que ha sido posible gracias a la dedicación de fondos públicos, pero no es tan obvio que han sido utilizados con eficiencia. Hace unas semanas escasas se publicó el informe Presupuestos de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración del Estado, 2012. Este aspira a recoger las partidas presupuestarias que cada ministerio y organismo público dedica a la tecnología con una metodología que se ha mantenido en el tiempo, lo cual permite realizar análisis históricos y de tendencias. Un simple análisis de los recursos dedicados por la Administración del Estado desde 2007 permite deducir el positivo balance de la inversión realizada. A los 28.500 millones anuales de ahorro antes reseñados hay que contraponer una media anual de gasto público inferior a 1.800 millones de euros por todos los conceptos (gasto, inversión y recursos humanos).

El trabajo de un conjunto de funcionarios públicos de la Administración del Estado especializados en la gestión y uso de la tecnología no es ajeno a este logro. Estos profesionales, en colaboración con el sector privado, han permitido una alta eficiencia en el uso de los recursos económicos, menores en términos porcentuales de gasto operativo y gasto por habitante al de otros países tomados como referencia, tales como Reino Unido o Estados Unidos, según las escasas comparativas internacionales existentes. Sin embargo, la actual situación de crisis puede poner en riesgo todo lo alcanzado.

Volviendo al informe de presupuestos antes citado, la tendencia del gasto público en tecnologías de la información, descontados gastos de personal, muestra un perfil preocupante. Entraba dentro de la lógica un descenso del 7% de gasto público en tecnología en el bienio 2009-2010, culminado el esfuerzo del desarrollo de la Ley 11/2007. Menos justificado está el descalabro del 23% que ha seguido en el bienio 2011-2012, tanto más preocupante por no incluir las consecuencias de los recortes tras el RDL 20/2012. Con ello, hemos llegado a dos situaciones límite. De un lado, los gastos de mantenimiento de los servicios (capítulo 2 de presupuestos) se sitúan en cotas similares a las de 2007, cuando existía apenas un 20% de los servicios públicos digitales hoy disponibles. De otro, el desplome de la inversión en la mejora de servicios e implementación de nuevas facilidades (capítulo 6 de presupuestos) nos acerca a una bancarrota digital pública, en la que dedicamos menos recursos de los que nos demanda una sociedad cada vez más digitalizada.

No es de esperar que 2013 suponga una corrección en la situación de caída libre en los recursos públicos dedicados a la tecnología en la Administración del Estado. Tras la profundización de la tendencia decreciente del gasto, se corre el riesgo de pérdida de calidad de los servicios digitales y, con ello, de las garantías de nuestros derechos y libertades. Aún estamos a tiempo de evitarlo y demandar, como sociedad, que la voluntad del Gobierno de desarrollo de la Administración electrónica reflejada en la Agenda Digital para España se corresponda con el compromiso, que solo se materializa destinando las partidas presupuestarias necesarias.

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