Autor: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Fecha de publicación o de alta: Mayo 2020
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El 10 de marzo de 2020 se dictó la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la COVID-19.
A esta Resolución se añadió la dictada el 12 de marzo, por la que se establecían medidas adicionales de carácter organizativo, dictadas al amparo de las competencias en materia de función pública, teniendo ambas Resoluciones el carácter temporal que determinaran las autoridades competentes.
Posteriormente, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Una vez superada la fase más aguda de expansión de la pandemia, con objeto de facilitar una recuperación paulatina de la actividad social y económica, el Gobierno ha definido el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, aprobado por Acuerdo por el Consejo de Ministros de fecha 28 de abril de 2020, que está basado en el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de 25 de abril de 2020 y en las propuestas enviadas por los gobiernos autonómicos y guiado por la Hoja de Ruta de la Comisión Europea y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente se han recabado las opiniones y propuestas de expertos en el ámbito sanitario, científico, social y empresarial, así como de los responsables de las administraciones, de las entidades sociales y los agentes sociales.
El objetivo fundamental del Plan es conseguir que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.
Ante este escenario de transición gradual, asimétrica y coordinada se hace imprescindible iniciar la recuperación de la normalidad en el ámbito laboral de la Administración del Estado, por lo que se dicta la presente Resolución que aúna dicha progresividad con las necesarias garantías de seguridad y salud para las empleadas y los empleados públicos en el desempeño de sus funciones.
Los centros de trabajo deberán, a su vez, implementar los protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública del Ministerio de Sanidad.
