Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado

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Fecha de publicación: Enero 2019
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Publicado en: BOE. Núm. 30 30, de 4 de febrero de 2019, páginas 9572 a 9597.
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La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.

La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2008) 400 final, de 16 de julio de 2008 Contratación pública para un medio ambiente mejor, define la compra y contratación pública verde (CCPV) como «un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirían en su lugar.»

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015, Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular, tiene como objetivo lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca el mínimo la generación de residuos.

La contratación pública puede desempeñar un papel clave en el objetivo de esta comunicación y de la economía circular, a través de sus acciones sobre contratación pública ecológica. La contratación pública, según señala la Comunicación de la Comisión COM(2015) 614 final, representa casi un 20 % del PIB de la Unión Europea. La utilización de recursos financieros públicos en la contratación pública permite a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental.

Asimismo, el citado plan de acción de la UE para la economía circular insta a la Comisión a poner en marcha medidas para su desarrollo. En respuesta a dicho plan de acción, se está elaborando una Estrategia Española de Economía Circular, que entre otras cuestiones incorpora la contratación pública ecológica como elemento fundamental.

En un entorno mundial que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible, se debe tener en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, mediante Resolución de 25 de septiembre de 2015, el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es este uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversas organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han desarrollado, asimismo, iniciativas en relación con la contratación pública.

En estas organizaciones se reconoce a la contratación pública un potencial importante para facilitar los cambios en aquellos modelos de producción y de consumo que dichas organizaciones consideran que no son sostenibles, bien sea por sus impactos en el medio ambiente, en el ámbito económico-social, en el comercio global e internacional en las actuales economías, o bien por las combinaciones y derivaciones de dichos impactos.

Desde los años 80 y con el transcurso de los años, la Comisión Europea ha desarrollado una serie de estudios a través de los cuales se ha reconocido la importancia de la contratación pública ecológica como un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea.

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