¿Pueden las entidades locales conceder ayudas a Autónomos y PYMES como consecuencia de la crisis producida por el COVID-19? Especial referencia a la legislación andaluza

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Publicado en: Acento Jurídico. Por: Consuelo Doncel.

En primer lugar, debemos comenzar señalando que el tema que hoy traemos a este Blog no es ni mucho menos sencillo ni existe consenso sobre el mismo, de tal forma que existen diferentes interpretaciones sobre esta cuestión.

Por ello, a lo largo del presente artículo, solamente se aportará una visión más a esta cuestión, sin otro ánimo que tratar de desenmarañar la normativa existente a día de hoy, poniéndola en relación con el contexto actual.

Las competencias en las entidades locales

Lo cierto es que la problemática gira en torno a las competencias de las entidades locales, cuestión ampliamente debatida en los últimos años, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (la conocida como LRSAL) ya que implicó un cambio muy significativo en esta atribución de competencias, modificando a su vez la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). A partir de esta modificación, sin ánimo de ser exhaustivos, debemos señalar que la regulación de las competencias de las entidades locales se encuentra tanto en el art. 7 como en el 25 de la LRBRL.

Comenzando con el primer precepto, el art. 7 LRBRL señala que las competencias de las entidades locales son propias atribuidas por delegación, de tal forma que las primeras sólo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad y las segundas, por delegación del Estado y las Comunidades Autónomas, que se ejercerán de acuerdo con las reglas previstas en la disposición o acuerdo de delegación correspondiente.

Debemos señalar a este respecto que las competencias propias de las entidades locales deben ser determinadas por Ley de acuerdo con las materias que recoge el art. 25 LRBRL. A este respecto, es muy interesante la regulación que se recoge en el apartado primero cuando señala que “el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”.

A continuación, el apartado segundo establece que “el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias (…), exponiendo a continuación una extensa lista de materias cuya competencia puede ser determinada por Ley para su ejercicio por las entidades locales.

Sin embargo, para el ejercicio de estas competencias, continúa señalando el art. 25 LRBRL en su apartado 3, que “las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”, ley a la que además deberá acompañarse una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad, de tal forma que la Ley debe prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales (art. 25.4).  Además, la Ley deberá garantizar que no se produce atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración pública (art. 25.5).

En definitiva, este es el marco actual en el que deben desarrollarse las competencias propias de las entidades locales en la actualidad. A fin de dar cumplimiento a este precepto algunas Comunidades Autónomas han dictado Leyes en las que se recogen las competencias que deben ser asumidas por las entidades locales de su territorio. También lo hizo, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía con la aprobación de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, que, sin embargo, debe ser señalado que es una ley anterior a los cambios operados por la LRSAL, sin que se haya modificado con posterioridad a la entrada en vigor de esta última.

Por otra parte, además de las competencias anteriores, el art. 7.4 introduce un nuevo ejercicio de competencias que denomina distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (que suelen denominarse competencias impropias), cuya redacción es la siguiente: “las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

De acuerdo con la regulación prevista por el art. 7.4 LRBRL, para que las entidades locales puedan ejercer esta clase de competencias, necesitan necesariamente:

-Informe vinculante de la Administración competente por razón de la materia, en la que se señale que no existen duplicidades en el ejercicio de la competencia que se solicita ejercer.

-Informe vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de la competencia que se solicita ejercer.

Una vez ambos informes sean favorables, la entidad local puede ejercer esa competencia que no se encuadre dentro de sus competencias propias o que no haya sido atribuida por delegación.

Las competencias en materia de subvenciones a PYMES y autónomos en la LAULA

Una vez examinado el régimen competencial de las entidades locales, cabe preguntarse si resulta posible otorgar subvenciones a autónomos y PYMES, a la luz de la normativa anteriormente expuesta.

Lo primero que debemos comenzar señalando es que en las materias que se recogen en el art. 25 LRBRL no se encuentra ninguna referencia a autónomos, PYMES, actividades comerciales o similar por lo que es difícil encontrarla en las competencias que las Comunidades Autónomas han atribuido a las entidades locales en su respectivo ámbito territorial. En todo caso, se hace preciso acudir a la legislación autonómica correspondiente.

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