Juan Carlos Ramiro Iglesias Creando un nuevo proyecto: AISTE (Accesibilidad Inteligente Social Tecnolóogica).

¿Puedo confiar en la leyes para garantizar la accesibilidad a la Sociedad de la información y Comunicación?

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Entendamos dentro de la Sociedad de la Información y la Comunicación los productos, servicios y entornos donde está presente la tecnología. Es decir, no nos referimos sólo a nuestro teléfono inteligente o las web’s de Internet, no. También pertenecen a esta Sociedad las propias aplicaciones (Apps) de nuestros móviles, el software de nuestros ordenadores, las plataformas de comercio electrónico, la administración electrónica, la televisión digital e interactiva, los productos enmarcados en el concepto de domótica, los navegadores y elementos inteligentes de nuestros coches, el pago electrónico, la firma digital, la robótica (y no solo la humanoide), los wearables, la realidad virtual y aumentada, … la lista es difícilmente delimitable. Y no todo, ni mucho menos, está regulado por leyes o a través de normativa técnica; pero sí lo está por legislación social. ¿A alguien le suena no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal?. El problema de usar términos genéricos o utilizarlos en su concepto global, es que también incluye a las tecnologías, amigos responsables públicos.
 
     Entendamos también qué son las leyes. Porque son palabras escritas sobre un documento oficial que han sido publicadas en un medio escrito o digital, que regulan unos derechos, procedimientos, acciones o servicios privados o públicos, y que han sido debatidas (¡a veces!) y aprobadas por aquellos organismos (Parlamento, Consejos de Ministros, CCAA’s o Ayuntamientos) que tienen competencia para ello según nuestra legislación, o la propia de organismos internacionales si es el caso. En definitiva, las leyes no dejan de ser derechos u obligaciones inertes. Entonces, la pregunta de este post del blog, mas bien, debiera ser: ¿Puedo confiar en quienes deben garantizar el ejercicio y ejecución de las leyes para garantizar la accesibilidad a la Sociedad de la información y Comunicación?.
 
      Pues, puestos ante ese dilema, casi me atrevería a asegurar que no. Las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir de por sí lo que aprueban y son competencia suya, sin más, en plazos y formas acordes al texto legal. También deben ser garantes de exigir el cumplimiento de las obligaciones que afectan al sector privado. Cierto es que, en este caso, a veces es necesaria denuncia por parte del ciudadano, y aquí tenemos otro grave problema: gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos, desconfianza en nuestro sistema judicial entre otras cosas por su lentitud, y falta de medios y facilidades para ejercer ese derecho a denunciar. ¿Por qué me atrevo a segurar que no confío mucho en quienes deben garantizar mis derechos vinculados a la accesibilidad escritos en las leyes?. Sencillo, me he permitido hacer una pequeña recopilación de leyes y Reales Decretos aprobados en los últimos doce años, cuyo hiperenlace pongo al final de este post, y no es demasiado satisfactorio.
 
     Y ya que el ciudadano, muchas veces, demasiadas, es desconocedor de sus derechos y el tercer sector social de la discapacidad adolece de una efectiva línea de formación e información permanente (y no puntual, solo cuando se aprueba algo nuevo), invirtamos la estrategia: tratemos la discapacidad y el envejecimiento con sus limitaciones desde una perspectiva empresarial y comercial. Démosle de este modo la vuelta a la tortilla. ¿Por qué no hacer que la empresa sea proactiva en la exigencia del cumplimiento de los derechos de accesibilidad (tecnológica) que tienen los ciudadanos?. O dicho de otro modo, ¿por qué no enseñar a la empresa a “aprovecharse” de todo lo legislado, siendo ella quien traslade este conocimiento de obligaciones legales a los propios ciudadanos, para que estos los reclamen y se conviertan en “su cuerpo de comerciales” presionando a las Administraciones, y al sector privado de servicios, cuando sea oportuno?. Es decir, como siempre he mantenido, usar la propia legislación como oportunidades de negocio, como verdadero nicho de generación de beneficio económico y social.
 
      El campo de los derechos indefectiblemente genera negocio para el sector privado, al requerir inversión y gasto por parte de las Administraciones para su cumplimiento. Pero también negocio social para las propias Administraciones, al conseguir mayor eficiencia y autonomía. Es cierto que determinados derechos requieren también gasto para el sector privado, pero este revierte también a través de los reportes beneficio económico para el sector. Las Administraciones Públicas deben ser las primeras y mayores impulsoras de la Economía Social, donde la accesibilidad es innegociable y pieza clave en todos los sectores productivos y ámbitos públicos. Requiere gasto, sí, pero al mismo tiempo significa beneficio para las empresas proveedoras de productos y servicios, que se transforman en beneficio social. Ya que las Administraciones no cumplen, y el tercer sector sigue empeñado en crear nuevas leyes y reales decretos, dejando en segundo lugar lo que debiera su principal labor: formar e informar al beneficiario (asociados don discapacidad, mayores, con limitaciones, en riesgo de exclusión social,…), y denunciar, para obligar a su cumplimiento, cambiemos de estrategia. Tratemos de convertir a la empresa en “comerciales de los derechos”. (Advertencia: no digo que no haya que aprobar nuevas leyes que garanticen derechos, ni que no haya que mejorar las existentes. Mantengo que la cuantía “al peso” de las leyes no garantiza nada si no se cumplen).
 
     Veamos tan sólo algunos ejemplos de incumplimientos de entre las más de doscientas leyes y Reales Decretos aprobados en los últimos doce años, que establecen obligaciones de accesibilidad tecnológica, de un modo u otro. En todos ellos, además, debido a los procesos cada vez más complejos de actuaciones que requiere la nueva sociedad digital, deben ir teniendo cabida recursos de inteligencia artificial, tecnología cognitiva, avatares virtuales, IoT, domótica en centros educativos o sociosanitarios que garanticen la autonomía de personas con discapacidad, plataformas y entornos digitales accesibles… ¿seríamos capaces de calcular el beneficio social para la ciudadanía y el beneficio económico que supondría para el sector privado, los proveedores de soluciones, el cumplimiento de las leyes, si se aprobara el gasto público necesario?. Pero, ¡ojo! gasto rentable también para las Administraciones Públicas, al generar eficiencia, efectividad, productividad, formación inclusiva y capacidad de redistribución de recursos. El problema, ¡que los beneficios son a medio y largo plazo, y para eso necesitamos gestores políticos públicos que tengan verdadera conciencia de servidores públicos, sin miras inmediatas a las próximas elecciones!.
 
     ¿Quieren ver un ejemplo, como aperitivo singular, antes de entrar al hiperenlace que pondré al final?
 
“LEY 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
 
Artículo 2. Objetivos generales. “…fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación de dependencia”.
  
Artículo 33. Medidas: m) Medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de entornos, productos y servicios y prestaciones dirigidos a la creación de una sociedad inclusiva y accesible a las personas con discapacidad y en situación de dependencia.” 
 
Totalmente incumplida.
 
Esta Ley es especialmente irónica, porque curiosamente la Secretaria de Estado de Estado de Servicios Sociales y el Director General de Políticas de la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que tenían la mayoría en el Patronato de la Fundación CENTAC (Centro de Tecnologías de la Accesibilidad), único en su estructura (Administración, Empresa y Tercer Sector) y finalidad y convertido en eferente, han permitido el cierre de este Centro emblemático y de referencia.
 
      Ahora sí, aquí os pongo el enlace a una pequeña relación de Legislación aprobada en los últimos doce años. ¿Os intriga ver si está cumplida o no?:

LEGISLACIÓN “TECNOLÓGICA”, ¿CUMPLIDA?

      No obstante, creo que debemos volver al optimismo. También es cierto que las tecnologías y los entornos, productos y servicios donde están presentes (es decir, en todos, en mayor o menor medida), han desarrollado una nueva sociedad, han mejorado la salud y el bienestar, incrementado la actividad profesional y movilidad poblacional, y potenciado nuevos nichos de negocio, siendo ejemplos de ello el turismo, la amplitud del campo de actuación del mercado a través del comercio online, o el acceso la formación desde cualquier parte a través de plataformas online, permitiendo una mayor cualificación de la ciudadanía. Y la aparición de tecnologías y servicios tecnológicos emergentes como el IoT, la robótica, la realidad virtual o aumentada, el blockchain o la inteligencia artificial, que tienen mucho que decir en la nueva sociedad (y mucho papel importante para ayudar a las leyes o a compensar sus defectos de efectividad). Y, todo ello, y mucho más, como siempre, genera diversidad de oportunidades (al multiplicar las formas de acceso a los servicios), mayor autonomía, mejor gestión del tiempo, mayor beneficio social y mayor beneficio económico, en definitiva. Y lo seguirán haciendo, y no necesariamente y solo por altruismo: porque la empresa, la industria, el sector privado, necesita ganar dinero, está dentro de una economía de mercado, y solo sobrevive en medio de la competencia si es capaz de obtener beneficios. Ya no puede olvidarse de los “consumidores con discapacidad” en un mercado globalizado, donde cada individuo es importante como consumidor activo. La empresa no me engaña: si no gana, cierra o despide o elimina líneas de actividad. Si los responsables y poderes públicos prometen y legislan y no cumplen, ¿quién me engaña?
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