Víctor AlmonacidJurista y Directivo Público. Secretario de la Administración Local y Experto en Derecho Digital

Las 39 cuestiones claves del Reglamento de Administración Electrónica (I)

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En esta entrada compartimos nuestro primer análisis del llamado Reglamento de Administración Electrónica (cuyo nombre completo es el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos).

El futuro de la administración electrónica pasa por la aplicación de este Reglamento, que a su vez se erige como el principal instrumento jurídico técnico (con permiso de las NTI) de aplicación de las leyes 39 y 40. Precisamente en honor a la primera de ellas, que el día 2 entra absoluta e indiscutiblemente en vigor (al igual que este Reglamento), hemos analizado los 39 puntos clave de este Reglamento de Administración Electrónica. Finalmente, vista la extensión del presente estudio, hemos decidido dividirlo en tres entregas. Aquí va la primera:

1. Objeto y ámbito de aplicación

Por si había alguna duda, este Real Decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Es por esto que le llamamos Reglamento de Administración Electrónica. Además, el ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Sin embargo, no tiene carácter básico y será de aplicación únicamente en el ámbito estatal lo dispuesto en:

a) La disposición transitoria segunda y la disposición final tercera del RD.

b) El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 3, los artículos 6, 7.4, 8, 10.3, 10.4, 13.2, 17, 18.2, 19.3, 19.4, 21.4, 23.2, 24, 25.4, 28.3, 30.2, 31, 33, 36, 38.1, el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 39, los artículos 40, 42.5, 48, 53.5, 55.2, 57, 60.3, 62.2 y las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, el segundo apartado de la disposición adicional séptima del Reglamento que aprueba el RD.

2. Principios generales

El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas (unos principios sin duda orientados a hacer efectivo un servicio electrónico no discriminatorio, usable o incluso amable, en la línea iniciada por la D.A 16ª de la LCSP):

a) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas, empresas y por el sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de las personas a los servicios electrónicos.

b) Accesibilidad,  entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web, entre ellos los portales de internet y las sedes electrónicas y aplicaciones para dispositivos móviles, para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores, de tal forma que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos en la mayor extensión posible.

c) Facilidad de uso (usabilidad), que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en el usuario, de forma que se minimice el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del servicio. rantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.

d) Proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.

e) Personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos (véase el proyecto “La Clau, humanizando trámites“.

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